penal art. 23

Art. 23.4:

4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:

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• a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
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• b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
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  • 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
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• c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
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  • 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
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• d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.
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• e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
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  • 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
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  • 3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España;
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  • 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;
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  • 5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española;
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  • 6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España;
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  • 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,
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  • 8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.
  A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.
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• f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:
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  • 1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o,
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  • 2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.
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• g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.
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• h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.
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• i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
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  • 2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.
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• j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.
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• k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
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  • 2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
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  • 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
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  • 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.
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• l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
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  • 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,
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  • 3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
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• m) Trata de seres humanos, siempre que:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
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  • 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
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  • 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
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  • 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
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• n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
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  • 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
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  • 3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o,
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  • 4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.
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• o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública, cuando:
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  • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
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  • 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
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  • 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España;
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  • 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o,
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  • 5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos.
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• p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.